La Comisión Europea, por medio del comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha instado a España a aumentar la fiscalidad medioambiental y a reducir las subvenciones que perjudiquen el entorno en un informe en el que Bruselas señala los grandes retos de cada país para cumplir con las normas europeas para mejorar la calidad del aire, la gestión de los residuos, el desarrollo de la economía circular, la calidad del agua y la protección de la naturaleza. A juicio de Bruselas, hay un “margen claro” para que España aumente los impuestos ‘verdes’ en sectores como el transporte y la energía, así como revisar los impuestos municipales de circulación porque “no siempre reflejan el rendimiento medioambiental de los vehículos”.

Según Eurostat España ingresó unos 19.251 millones por impuestos verdes en 2014, el equivalente al 1,85% del PIB frente al 2,5% de la media de la UE, situando a nuestro país en el sexto lugar de los veintiocho con la menor tributación. La mitad de este tipo de impuestos lo pagaron los hogares al abonar el recibo de la luz y al rellenar el depósito del coche de gasolina o diésel.

En este sentido el Gobierno ultima un nuevo impuesto sobre hidrocarburos para satisfacer las demandas de organismos internacionales. Aunque aún se desconocen los detalles, el Ejecutivo aseguró a Bruselas que recaudaría unos 500 millones más con tributos verdes.

Un reciente estudio denominado Las Nuevas Reformas Verdes concluye que “la fiscalidad ambiental aún no ha logrado desempeñar un rol relevante en la reforma fiscal internacional, debido a restricciones de carácter institucional”. El informe sostiene que “la evidencia académica muestra grandes posibilidades para estos impuestos en España, con incrementos recaudatorios importantes (entre 1.600-32.800 millones de euros), reducciones en las emisiones de CO2 de hasta el 2.5% y con impactos reducidos sobre el PIB y el empleo”.

El informe destaca, entre otros casos, la experiencia de Costa Rica. Este país introdujo en 1997 un impuesto obre los combustibles fósiles cuya recaudación se destina a fomentar el desarrollo sostenible y la conservación de los bosques. Para ello se creó el Programa de Pago por Servicios Ambientales, diseñado para contribuir con los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones. Este programa reconoce que los bosques producen servicios ambientales que tienen un valor y que deben ser compensados por los usuarios de los mismos, por lo que ofrece incentivos a sus propietarios para que lleven a cabo prácticas compatibles con un desarrollo sostenible y con la conservación de los bosques. El programa recibe aportaciones de distintas fuentes, y entre ellas destaca el impuesto sobre los combustibles fósiles del 3.5%.

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